Antonio Fernández Compán |
Grupo Ecologista Mediterraneo |
Introducción
Es la oposición a la pesca, comercialización y consumo de inmaduros una batalla que ha
pasado de ser necesaria a ser de vital importancia para el sector pesquero y para el
mantenimiento de los recursos marinos en el Mediterráneo. La pesca es uno de los sectores
de actividad tradicional más antiguos que se conocen, una actividad de la que viven miles
de familias en la provincia de Almería, bien de forma directa o indirecta. Aunque venida
a menos en los últimos años debido a la alarmante escasez de recursos, aún es capaz de
mantener unos volúmenes de capturas y de ventas considerables, que en el último
ejercicio subieron hasta cerca de 3.500 millones de pesetas.
En ese ámbito es en el que se produce el fenómeno de la pesca de inmaduros, que no son
otra cosa que alevines o crías de especies como la sardina, el boquerón, el
jurel e incluso el salmonete, entre otras muchas especies, que no han alcanzado el periodo
de reproducción o la edad adulta. En el conocido como chanquete, los peces
son capturados en sus primeros estadíos de crecimiento, por lo que el rendimiento es aún
menor que en los inmaduros de tallas algo mayores. El chanquete auténtico,
pez de un tamaño mínimo, es escasísimo y su pesca también está prohibida.
Según un informe elaborado por el Grupo Ecologista Mediterráneo, posteriormente suscrito
por Greenpeace y por un elevado número de grupos ecologistas españoles, cada kilo de
supuesto chanquete capturado ilegalmente supone, para el sector pesquero, unas pérdidas
económicas superiores a las 72.000 pesetas. El cálculo de esa cantidad es estimativo,
pero en todo caso está establecido a la baja, es decir que esa sería la pérdida mínima
acumulada, que en la mayoría de los casos es sensiblemente superior. La explicación se
basa en que por cada kilo de inmaduros se pueden pagar cerca de 3.000 pesetas, como mucho.
Ese kilo de alevines se convertiría en 250 kilos de pescado adulto (según los cálculos
medios realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Suponiéndole
a ese pescado un precio de sólo 300 pesetas el kilo, daría una cantidad de unas 75.000,
cantidad que una vez restados las 3.000 pesetas de un kilo de chanquete daría esas 72.000
pesetas que estimamos como pérdida global para el sector.
7.200 millones en pérdidas
El dato de las pérdidas no deja de ser preocupante si tenemos en cuenta que sólo en un
año se pueden llegar a decomisar en los diferentes puntos de Andalucía cerca de 100.000
kilos de inmaduros. Esta cantidad representaría unas pérdidas para el sector pesquero
andaluz superiores en cualquier caso a los 7.200 millones de pesetas, demasiados para una
actividad que año tras año presenta cifras descendentes y que ve cómo las capturas
disminuyen. En el caso de Almería, los decomisos realizados por las distintas fuerzas y
cuerpos de seguridad y por la Inspección de Consumo, superaron los 25.000 kilos de
inmaduros durante el último año, con lo que se puede decir que los pescadores dejaron de
ingresar en ese año 1997 cerca de 2.000 millones de pesetas.
Pero el problema no se queda ahí, sino que es preciso explicar que las cantidades de
pescado inmaduro decomisadas no son sino la punta de un gran iceberg. Aunque no es posible
precisar, existe el convencimiento de que por cada kilo de pescado inmaduro descubierto se
están vendiendo y consumiendo no menos de ocho a diez kilos, lo que multiplica por esas
cantidades la magnitud del problema que se plantea.
De esta forma, la pesca ilegal de inmaduros deja de convertirse en un problema menor para
convertirse en uno de los más graves de los que afectan al sector pesquero. Además de
ello, hay que convenir que el problema más grave recae sobre los propios pescadores,
porque el resto de la sociedad almeriense, andaluza o española sólo perciben de una
forma indirecta esa situación, por un lado porque han de pagar cada día más caro el
pescado que llega a los mercados, y por otro porque el conjunto de la sociedad se ve
obligada a hacer frente a las cargas sociales y laborales que supone la pérdida de
actividad en el sector pesquero. Dicho de forma grosera, se podría afirmar que la pesca
de inmaduros y la pesca ilegal no suponen un grave problema para el consumidor, que
siempre tendrá el recurso de comprar el pescado que llega desde cualquier punto del mundo
(bien fresco o bien congelado), sino que afecta sobre todo y directamente el colectivo
profesional de pescadores y armadores.
Un pequeño análisis de los últimos años nos permite observar que la pesca está
perdiendo año tras año peso específico en el conjunto de la economía provincial. En el
año 1996 (último reseñado en los balances oficiales) las capturas fueron en el puerto
de Almería de 6.447 toneladas, con un descenso del 2341 por ciento respecto al año
anterior. Los ingresos derivados de la pesca en ese mismo año y también en el puerto de
Almería fueron de poco más de 2.200 millones de pesetas, mil millones menos que los
obtenidos por el sector en el año 1991. Evidentemente los inmaduros no son la única
causa de ese alarmante descenso de capturas y de ingresos, pero sí una parte muy
importante del mismo, y de la crisis que lleva aparejada.
La concienciación
Los datos y las realidades vinculadas con este problema han hecho que lo que hasta hace
pocos años era considerado una especie de capricho de los ecologistas, se
convierta en una cuestión de grandes y graves proporciones que cada vez mueve a un mayor
número de interesados en poner coto a la pesca ilegal. Las cofradías de pescadores, que
durante años obviaron el tema, han empezado a echar cuentas y se han dado cuenta de que
por ese lado puede agravarse la crisis del sector. Ahora ellas mismas proponen vedas y
piden rigor en las inspecciones y en el control de la pesca ilegal (la última muestra de
ello se producía este mismo mes de enero, cuando los pescadores de Adra demandan un paro
biológico de emergencia). Las redes vacías han dado que pensar a los profesionales y les
han llevado a la conclusión de que si ellos no toman cartas en el asunto o su propio
futuro estará seriamente comprometido.
Conseguida esa concienciación a la fuerza, es necesario ahora seguir
incidiendo en el papel que pueden y deben jugar tanto los consumidores como las distintas
instancias administrativas que tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las
normas que en materia de control de la pesca, comercialización y consumo de inmaduros se
han promulgado y están en vigor.
Centrandonos en los consumidores finales, existe una extendida postura que se basa en la
premisa de que una vez muertos, qué más da, una premisa que desde nuestro
punto de vista representa un peligro y, al tiempo, una demostración de la escasa
preocupación y de la falta de perspectiva de quien recurre a esta justificación para
seguir consumiendo inmaduros. Peligro porque esa postura genera una demanda de pescado de
talla inferior a la permitida que se seguirá cubriendo por parte de los pescadores y los
vendedores con pocos escrúpulos. Inconsciencia porque demuestra que en ese colectivo, por
desgracia aún amplio, no existe un convencimiento real de los riesgos que conlleva la
pesca de estas especies y de las consecuencias negativas que su postura supone para los
recursos pesqueros y para el futuro del sector.
El consumidor debe darse cuenta de que su postura, aunque individual, forma parte de todo
un entramado de prácticas ilegales, fundamentalmente la pesca y la venta, que de no ser
porque sigue existiendo una red de compradores a la que, les guste o no, pertenecen ellos,
no tendría razón de ser. Se podría comparar (salvando las distancias, naturalmente) con
las redes de la droga: Es evidente que no son un problema individual, pero si de forma
individual no existe un rechazo, difícilmente se podría terminar con ellas.
El papel de la Administración
Aunque pensamos, como grupo ecologista, que la concienciación y la colaboración de los
pescadores y de los consumidores es fundamental para erradicar el problema, sobre todo en
el medio y largo plazo, no podemos olvidar el corto plazo, el día a día de un problema
con graves implicaciones económicas, y en este punto juegan un papel fundamental las
administraciones públicas. Con demasiada frecuencia vemos que las inspecciones o no se
producen o son claramente insuficientes para controlar un problema tan grave. Con la misma
frecuencia vemos cómo los expedientes se eternizan o las sanciones son tan simbólicas
que, por sí mismas, son incapaces de disuadir a los infractores que consideran más
rentable seguir desarrollando su ilícita actividad y, llegado el momento, pagar las
multas o sanciones que se les puedan poner.
Los medios que se ponen en la lucha contra la pesca, comercialización y consumo de
inmaduros han sido y siguen siendo claramente insuficientes. La Junta de Andalucía
reconocía recientemente la falta de medios inspectores para desarrollar esa labor de
control y pedía ayuda a los ciudadanos y agentes sociales como grupos ecologistas o
asociaciones de consumidores para intentar frenar la creciente presencia de inmaduros en
el comercio y en los establecimientos de hostelería de la provincia. Esa labor de
denuncia es positiva y desde el movimiento ecologista se ha realizado históricamente, sin
que los resultados sean todo lo positivos que sería deseable. En cualquier caso la
denuncia in situ plantea problemas a los que se deciden a llevarla a cabo,
porque los propietarios o encargados de los establecimientos no acogen precisamente con
elegancia y tranquilidad la petición de las hojas de reclamaciones. A miembros del Grupo
Ecologista Mediterráneo les han llegado a amenazar al intentar formalizar una queja, algo
que evidentemente no resulta agradable y que, muchas veces, hace dudar a los posibles
denunciantes.
Ante un tema con tantas implicaciones sería preciso alcanzar un nivel de coordinación
mucho más importante del que existe en la actualidad. El control de la pesca y
comercialización de inmaduros corresponde a un gran número de administraciones públicas
que van desde la Subdelegación del Gobierno hasta varias delegaciones provinciales de la
Junta de Andalucía, desde las policías locales hasta la Guardia Civil. Si de alguna
forma se consiguiera reunir a todos ellos para establecer pautas de actuación,
procedimientos y sistemas de lucha contra estas prácticas, probablemente se conseguirían
éxitos notables.
El control necesario
Hoy, existe un suficiente grado de convencimiento sobre la magnitud del problema como para
abordar sus soluciones de una forma mucho más decidida de lo que se ha hecho hasta ahora.
La dispersión de competencias, que afectan a los organismos pesqueros, a las fuerzas de
seguridad del Estado y a las locales e incluso a las autoridades sanitarias, deberían
permitir intensificar el control de la pesca y venta de especies inmaduras. Junto con los
argumentos tradicionales de daño a los recursos pesqueros o de pérdidas económicas para
todo el sector, hay una componente, no menos importante, relacionada con la sanidad. Esa
componente no es otra que la salud pública, que se puede ver afectada seriamente por el
consumo de inmaduros. La cuestión es que al tratarse de un producto ilegal, no recorre
los cauces normales ni dispone de las garantías sanitarias obligatorias para cualquier
producto destinado al consumo humano.
Sanitariamente hablando, los inmaduros son un producto de riesgo para el consumidor por
carecer de esos controles. En numerosas ocasiones se ha descubierto la utilización de
sustancias prohibidas para la conservación de esas especies. En varias no se trataba de
sustancias químicas de síntesis, sino de orina humana que, por su composición, ayuda a
esa conservación. El consumidor habitualmente no conoce este tipo de información,
suficiente por sí misma como para rechazar este tipo de pescado, por razones obvias.
No es comprensible que después de los estudios realizados por las instituciones
pesqueras, desde la Secretaría General de Pesca hasta el Instituto Español de
Oceanografía, estudios e investigaciones que, en todos los casos, coinciden en resaltar
los peligros de la pesca de inmaduros para los recursos de las aguas litorales españolas,
no se hayan adoptado ya medidas que vayan más allá de las campañas informativas y de
concienciación que se llevan realizando varios años. Los años van pasando, los recursos
son cada vez más escasos, el sector pesquero atraviesa una de sus peores crisis y, sin
embargo, no observamos que se esté actuando con la contundencia que el tema precisa.
En ocasiones tenemos la impresión de que los controles sobre la pesca, comercialización
y consumo de inmaduros se toman, desde los poderes públicos, como un asunto menor,
carente de la importancia que tiene para el sector pesquero y su futuro. Quizá el
legislador o, más bien, el encargado de hacer cumplir las normas, no ha llegado todavía
al convencimiento de que esa labor tiene la trascendencia que los estudios,
investigaciones y realidades ponen de manifiesto. En ocasiones algún representante
público ha mostrado mayor sensibilidad, caso del delegado provincial de Trabajo e
Industria, Blas Díaz (también encargado del servicio de Consumo), que ha llegado a
tachar de terroristas ecológicos a los pescadores que se dedican a la captura
de especies inmaduras. Sin embargo esas posturas chocan con la cruda realidad de otros
muchos representantes políticos, que no han dudado en consumir o encargar inmaduros en
actos públicos, comidas privadas e incluso, actos institucionales, como ocurriera
recientemente en Motril.
Conclusiones
Como principal conclusión podríamos decir que la pesca, comercialización y consumo de
inmaduros representa un grave atentado ecológico y económico, fundamentalmente porque
esquilma los recursos pesqueros de amplias zonas y porque pone en peligro la forma de vida
de muchas familias almerienses.
Ante este problema consideramos que no se ha producido una reacción acorde con su
importancia y con su trascendencia. Ni por parte de los consumidores, ni por parte de los
pescadores, ni por parte de los establecimientos ni por el de las autoridades encargadas
de poner coto a esta práctica ilegal. En ninguno de estos colectivos existe una
conciencia real del peligro que supone seguir haciendo la vista gorda, mirando a otra
parte o no asumiendo la cuota de responsabilidad que les corresponde.
Evidentemente en estos últimos años se han logrado avances. Hoy mucha más gente rechaza
los inmaduros, las cofradías de pescadores han adoptado algunas medidas y han urgido a
las autoridades competentes a actuar contra la pesca ilegal, los cuerpos y fuerzas de
seguridad persiguen con mayor dedicación a los infractores. Pero en cualquier caso aún
es insuficiente y pensamos que queda mucho camino por recorrer.
Creemos además que las inspecciones y las sanciones ni son lo suficientemente eficaces ni
lo suficientemente disuasorias como para limitar una práctica que no sólo no ha
decrecido, sino que en determinadas épocas del año incluso tiende a aumentar. Nadie
puede decir que no conozca un lugar en el que se venden o se sirven inmaduros, porque hay
un porcentaje muy elevado de establecimientos, algunos de ellos de reconocido prestigio y
fama, que siguen incluyendo en sus cartas el chanquete o que sin reflejarlo en
su carta de precios, lo ofrecen con toda libertad a sus clientes. Nos es difícil entender
que la mayoría de la población conozca perfectamente dónde y cómo se venden inmaduros,
y que sin embargo sea tarea imposible para los servicios de inspección y para los
distintos cuerpos de orden público existentes y con competencias para actuar.
Propuestas de actuación
El convencimiento de que se puede hacer algo más nos lleva a realizar las siguientes
propuestas a los participantes en el Encuentro Ambiental Almeriense, que esperamos que
sean asumidas y trasmitidas posteriormente a los responsables de la política pesquera y
de las instituciones, colectivos y organismos encargados del control de la pesca,
comercialización y consumo de inmaduros:
- La primera propuesta, repetida en infinidad de ocasiones en el tiempo, no es otra que la
exigencia de una mayor coordinación y rigor por parte de las administraciones con
competencias en el control de la pesca y comercialización de inmaduros. Esta propuesta,
no por repetida, deja de tener la máxima importancia.
- Es precisa la creación de una Comisión de Seguimiento que, además de las
administraciones, incluya a las Cofradías de Pescadores de toda la provincia, a los
representantes del Comercio almeriense, a los colectivos sociales (grupos ecologistas,
asociaciones de consumidores, amas de casa,...). Su misión debe ser hacer propuestas de
actuación y realizar un seguimiento de las actuaciones y del cumplimiento legal de las
resoluciones que se dicten en cada caso.
- Establecer un sistema de sanciones progresivas y, sobre todo, su cumplimiento efectivo.
A aquellas embarcaciones que sean reincidentes se les aumentaría la sanción hasta llegar
a la retirada temporal o definitiva de la licencia. De igual forma hay que actuar sobre el
comercio que sea expedientado por la venta de inmaduros. De esta forma se conseguiría que
la sanción no sea permanentemente más rentable que la práctica ilegal.
Además de ello, se establecería una especial vigilancia sobre aquellas embarcaciones o
establecimientos que hayan sido sancionados por la pesca o venta de inmaduros.
- Es preciso mantener las campañas de concienciación dirigidas a los consumidores
finales. Se ha demostrado que las realizadas en los últimos años han tenido una
incidencia positiva en amplias capas de la sociedad: Positiva pero no suficiente. Junto a
campañas ya clásicas, habría que abordar otras más agresivas y directas hacia los
compradores y/o consumidores finales, que podrían incluir:
- En todos los mercados municipales o establecimientos donde se venda pescado, obligar a
la colocación de carteles informativos que informen de su prohibición y de los riesgos
que conlleva para el futuro de la pesca. Se podrían incluir lemas como Comprar
inmaduros pone en peligro el futuro de miles de pescadores, o bien La venta de
inmaduros puede acabar con la vida en nuestros mares. Hay precedentes en otros temas
como el alcohol (carteles anunciando que está prohibida a los menores), el tabaco
(carteles en las máquinas o leyendas en los paquetes de cigarrillos advirtiendo de su
peligrosidad).
- Reforzar los servicios de inspección y vigilancia. Tanto los de Consumo como los que
realizan las distintas policías y Guardia Civil.
- Establecer, de forma obligatoria, que todos los establecimientos de hostelería donde se
vendan inmaduros dispongan de un listado de tallas mínimas y sistemas de medida para que
el consumidor que lo solicite pueda comprobar por sí mismo las tallas de los pescados que
se le están sirviendo. Probablemente no serán utilizados en exceso, pero tienen un poder
disuasorio, tanto para el que los vende como para el que los compra.