José Luis García Ortega |
Responsable Campaña Energía y Cambio Climático. Greenpeace España |
RESUMEN
Esta ponencia marco se estructura en torno a cuatro apartados. En el primero se resumen las consecuencias del cambio climático para la región mediterránea, en la que se encuadra la geografía almeriense. En el segundo se analiza la "lógica del carbono", según la cual para no sobrepasar los límites ecológicos que la atmósfera puede soportar sin desencadenar un peligroso cambio climático, hay que limitar la cantidad de combustibles fósiles que se pueden quemar a menos de la cuarta parte de las reservas actuales. En el tercer apartado se examina el caso más llamativo de emisión de gases provocadores del cambio climático en Almería: la central térmica de Carboneras, recientemente ampliada. El último apartado expone algunas propuestas de Greenpeace para un cambio de política energética que nos proteja del cambio climático.
1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
El cambio climático es el mayor problema ambiental al que se enfrenta el planeta. Así lo han confirmado los líderes mundiales en la reciente Cumbre de Kioto.
Las consecuencias e impactos previsibles del cambio climático son suficientemente graves como para no poder permanecer impasibles, máxime cuando las causas que lo provocan son perfectamente conocidas: las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades humanas, muy especialmente el CO2 producido en la quema de combustibles fósiles.
La región mediterránea, y Almería dentro de ella, es una de las más vulnerables del planeta a los peligrosos efectos del cambio climático. La supervivencia misma del medio ambiente almeriense, así como las actividades económicas que se desarrollan en nuestra tierra, están amenazadas por el cambio climático, y es algo que va a condicionar seriamente todos los problemas y soluciones que se tratan en este Encuentro.
Greenpeace ha publicado recientemente un estudio sobre las consecuencias del cambio climático en la región mediterránea, del que a continuación se presentan sintéticamente sus principales conclusiones:
Efectos previstos del cambio climático en el mundo y su implicación para la región Mediterránea y Almería.
A nivel mundial
Desde 1860, la temperatura media mundial ha aumentado entre 0,3ºC y 0,6ºC. Pero desde mediados de los setenta el calentamiento ha sido particularmente rápido y, desde 1983, hemos asistido a los nueve años más cálidos jamás registrados. El máximo valor de temperatura media ha sido el registrado en 1997.
Según el IPCC, si continúan las tendencias actuales en las emisiones de gases invernadero, durante el siglo que viene, esto podría originar una velocidad de calentamiento atmosférico "probablemente mayor que ninguna otra en los últimos 10.000 años". Concretamente, el actual ritmo de emisiones significa que:
Las concentraciones de gases invernadero para el año 2030 equivaldrán al doble de los niveles preindustriales de CO2.
Las temperaturas medias globales para el 2100 se incrementarán entre 1ºC y 3,5ºC, pudiendo llegar incluso a 4,5ºC, siendo el mejor valor estimado 2,5ºC.
El nivel del mar para el 2100 aumentará, como promedio, entre 26 y 86 cm., siendo el mejor valor estimado 55 cm.: un incremento entre 2 y 5 veces mayor que el experimentado en el último siglo.
La Región Mediterránea
El cambio climático tendrá implicaciones profundas y de largo alcance para los 350 millones de personas que viven en la región mediterránea. Las principales consecuencias para la región del cambio climático planetario, de continuar las actuales tendencias de emisión de gases invernadero, se resumen en los puntos siguientes.
La temperatura media de la región aumentará unos 3,5ºC antes de la mitad del siglo XXI, alcanzando entre 1,4ºC y 2,6ºC para la segunda década del próximo siglo.
Las temperaturas a lo largo de la región podrían elevarse entre 0,7ºC y 1,6ºC por cada grado de aumento en la temperatura media global.
Entre el momento actual y el año 2100, las temperaturas podrían haberse elevado hasta 2,5-3ºC en el Mar Mediterráneo, 3,4ºC en las áreas costeras, con aumentos de hasta 5,5ºC sobre Marruecos.
Las precipitaciones podrían reducirse entre un 1,5% y un 7,3%.
Las expectativas son de un aumento de cerca de un 10% de precipitaciones en invierno (aumento de los efectos de los temporales) y una disminución de entre un 5%-15% durante el verano (incremento de sequías) para el 2100.
Para el 2100, las precipitaciones se incrementarían al norte de los 40º-45ºN y se reducirían por debajo de este paralelo. Esto significaría una reducción de entre un 10% y un 40% de precipitaciones en el sudeste de España y gran parte de Africa, y una disminución de un 10% en el centro de España, sur de Francia, Grecia y Oriente Medio.
La humedad del suelo podría disminuir en todo la región mediterránea entre un 15% y un 25%.
La probabilidad de periodos secos en el sur de Europa podría aumentar en un factor entre 2 y 5 si se duplicara la concentración de CO2.
Durante el periodo 1975-1994, la precipitación media fue más de un 17% menor que durante los 20 años previos sobre gran parte del noroeste de Africa, España, Italia y Grecia.
El comienzo de los noventa se caracterizó por una sequía extrema. En 1995 las precipitaciones fueron un 75% menores a la media de 1961-1990 en gran parte del Mediterráneo Occidental, siendo en España de un 50%.
Entre finales de septiembre y principios de noviembre de 1993, las precipitaciones en el sudeste de Francia, oeste de España, centro de Portugal, Córcega y norte de Marruecos fueron entre 2 y 3 veces mayores de lo habitual. En este periodo Madrid presentó las mayores precipitaciones registradas desde 1854, año en que se empezaron las mediciones.
En 1995, llovió en algunas zonas del interior de Egipto por primera vez después de casi medio siglo.
Los costes para combatir la desertificación se estiman en unas 2.500-3.000 pta. por hectárea de secano y unas 112.000 pta. por hectárea de regadío.
2. EL FIN DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
PONER LÍMITES AL CAMBIO CLIMÁTICO
Sólo la acción de los gobiernos puede proteger el clima mundial. Sin embargo, ¿qué es lo que se está haciendo? El Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (el Convenio del Clima) fue aprobado en 1992.
El objetivo del Convenio es: "la estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que pudiera prevenir interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático".
Añade que: "Tal nivel debería ser alcanzado en un periodo de tiempo suficiente para permitir a los ecosistemas adaptarse de forma natural al cambio climático, para asegurar que la producción de comida no se ve amenazada y para permitir un desarrollo económico sostenible".
Los científicos del Grupo Asesor sobre Gases Invernadero (AGGG) que trabajan para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente(PNUMA), han puesto números a estos niveles.
El Grupo del PNUMA determinó que: "Los aumentos de temperatura de más de 1 ºC podrían desencadenar respuestas rápidas, impredecibles y no lineales que seguramente provocarían grandes daños a los ecosistemas". También advertían que la velocidad de aumento no debería sobrepasar los 0,1 ºC por década.
Los daños dependen en parte del alcance del calentamiento y en parte de la velocidad a la que ocurra este cambio. Incluso con recortes estrictos en la contaminación, la velocidad inicial de cambio prevista para las dos próximas décadas es muy elevada.
La respuesta política
Los científicos han calculado, lo mejor que han podido, el nivel de gases invernadero que puede tolerar el clima. Pero aún son muchos los gobiernos que ni tan siquiera han intentado adaptar sus políticas a estos niveles. La UE ha establecido un objetivo de mantener el incremento máximo de temperatura en 2 ºC por encima de los niveles preindustriales. Pero esto es dos veces superior al nivel considerado perjudicial por el Grupo del PNUMA. Según el mismo, 2 ºC son: "Un límite superior a partir del cual se espera un aumento rápido del riesgo de daños graves a los ecosistemas y de respuestas no lineales". El límite de 2 ºC debería considerarse como algo a evitar con margen suficiente.
Greenpeace considera que los niveles de CO2 tienen que ser estabilizados en las concentraciones actuales o por debajo de éstas. Un aumento a largo plazo de la temperatura de 1 ºC por encima de los niveles preindustriales, con una velocidad de cambio de 0,1 ºC por década, es el máximo absoluto que los líderes políticos deberían aceptar.
Y, ¿qué significa esto en términos de contaminación?
Limitar el daño ecológico
Greenpeace considera que las decisiones políticas deberían estar determinadas por los siguientes criterios:
Limitar el objetivo a largo plazo de aumento de la temperatura a menos de 1 ºC por encima de los niveles preindustriales.
Reducir la velocidad de aumento de la temperatura a menos de 0,1 ºC por década tan rápido como sea posible, a lo sumo en las próximas décadas.
Se prevé que en las próximas décadas la velocidad de calentamiento sea de 0,2-0,3 ºC por década.
Limitar el aumento global del nivel del mar a largo plazo a menos de 20 cm.
Un aumento del nivel del mar de este alcance todavía produciría algunos daños, pero niveles más elevados llevarían a un rápido aumento en los riesgos. El grupo del PNUMA estimó que limitar el aumento del nivel del mar a 50 cm podría "prevenir la destrucción completa de las naciones isleñas pero aun conllevaría un gran aumento en los daños económicos y sociales causados por las tormentas".
Limitar la velocidad de aumento del nivel del mar a un máximo de 20 mm por década.
Según el grupo del PNUMA, esto "permitiría que la mayoría de los ecosistemas vulnerables tales como humedales y arrecifes de coral se adaptaran", sin embargo velocidades por encima de este límite conducirían a "un rápido aumento en el daño a los ecosistemas".
LA SEGURIDAD CLIMÁTICA Y LA LÓGICA DEL CARBONO
Un "presupuesto" para el carbono
Prediciendo la cantidad de gases invernadero que entrarán en la atmósfera es posible estimar el cambio de temperatura que se producirá. El gas invernadero más importante es el dióxido de carbono, procedente de la quema de combustibles fósiles. Así, yendo hacia atrás, es posible estimar qué cantidad de combustibles fósiles puede utilizar el mundo antes de superar los límites ecológicos determinados por el grupo del PNUMA. En otras palabras, podemos estimar un "presupuesto" de combustibles fósiles. Así podríamos distribuir de forma adecuada la pequeña cantidad de petróleo, gas y carbón que aún podemos permitirnos quemar.
La "cumbre" del Convenio del Clima (Kioto, Diciembre de 1997) aprobó un Protocolo que obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases invernadero en un promedio del 5,2% para los años 2008-2012 respecto a 1990. Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de este "presupuesto" de combustibles fósiles y su reparto.
Con cálculos relativamente simples se puede demostrar que la atmósfera mundial no puede sostener el uso de más que un pequeño porcentaje de los combustibles fósiles ya conocidos.
¿Cuánto carbono queda?
Si se quiere evitar un daño climático importante, solamente podrá quemarse una pequeña fracción de la cantidad total de carbono que hay en las reservas y recursos mundiales de petróleo, carbón y gas.
Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles y los gobiernos todavía planean utilizar las llamadas reservas económicamente recuperables. Estas contienen 1.055 GtC distribuidas aproximadamente de la siguiente forma:
petróleo 110 GtC
gas 75 GtC
carbón 640 GtC
Las formas no convencionales de petróleo y gas (pizarras e hidratos) representan el resto de las reservas económicas totales.
El IPCC estima que el "recurso base potencial máximo" para el petróleo (tanto convencional como no convencional) es 452 GtC. Esto por sí mismo es suficiente para empujar al mundo más allá del umbral de un cambio climático peligroso para los ecosistemas. Añadiendo el carbón y el gas el problema es todavía peor.
¿Cuánto CO2 se puede emitir?
En qué medida deben limitarse los combustibles fósiles y reducirse las emisiones depende en parte de la "sensibilidad" de la tierra al aumento de gases invernadero. En otras palabras, a la facilidad del dióxido de carbono de la atmósfera para cambiar el clima.
Podemos hacer algunas estimaciones de cuánto carbono podría quemarse en el mundo sin salirse de ciertos límites de temperatura. Estas estimaciones no implican que la naturaleza estará protegida si nos ceñimos a estos límites, pues aún así podrían suceder cambios peligrosos y sorpresas. Sin embargo, proporcionan una orientación.
Según el IPCC, son probables aumentos de temperatura entre 1,5 y 4,5 ºC si se dobla la cantidad de CO2 (o gases equivalentes) en la atmósfera. Si el sistema climático de la tierra es poco sensible estaremos en el rango inferior (1,5 ºC) y si es muy sensible en el rango superior (4,5 ºC).
La "mejor estimación" utilizada actualmente por los gobiernos es de 2,5 ºC. Se cree que este valor es suficiente para causar daños graves a los ecosistemas. Pero como ha resaltado el IPCC, el patrón actual de cambio de temperatura se adecua mejor a una estimación de 3,5 ºC.
Por tanto, es prudente asumir que el nivel sensible es de 3,5 ºC. El análisis de los modelos del ciclo del carbono sugiere que para evitar cambios peligrosos en el clima durante los próximos cien años, la cantidad total de carbono que puede ser emitida, como CO2 , es de 225 GtC.
Si asumimos, con cierto optimismo, que no hay contribución neta a las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico procedente de los incendios forestales, entonces el "presupuesto" de combustibles fósiles para el mundo es efectivamente de 225 GtC.
Eliminar los combustibles fósiles
Con un límite máximo de 225 GtC, a la velocidad actual de uso de combustibles fósiles, el "presupuesto del carbono" se habrá agotado en menos de 40 años.
Sin embargo, la demanda primaria de energía está aumentando mundialmente a más de un 2% anual. A tal velocidad, el "presupuesto" del carbono fósil se habrá agotado en menos de 30 años.
Dentro de la eliminación de los combustibles fósiles, éstos deben ser ajustados según sus contenidos de carbono. De este modo, mientras disminuimos nuestra dependencia total de los combustibles fósiles, durante un periodo, los países podrían cambiar a combustibles fósiles con menor contenido en carbono.
Un paso esencial para la eliminación sería el detener la exploración de nuevas áreas para el petróleo.
El presupuesto de 225 GtC es una fracción de la cantidad que será emitida, según asumen generalmente los economistas en sus previsiones de consumo futuro de energía, y equivale aproximadamente a la mitad de todos los tipos conocidos de petróleo identificados en las reservas: 452 GtC.
La lógica de esto es que el 75% de las reservas conocidas de combustibles fósiles (medidas en carbono) recuperables económicamente nunca podrán ser utilizadas como combustible. En otras palabras, deben permanecer en el subsuelo.
Si esto se considera en términos de los recursos reales de carbón, petróleo, gas y otros combustibles fósiles (tales como pizarras o hidratos de metano), el 95% debe permanecer en el subsuelo.
Así, la lógica dicta el fin de los combustibles fósiles. No "se acabarán", habrá que dejarlos donde están. Dado el tamaño de la industria del petróleo, del carbón y del gas, está claro que los gobiernos nunca han tenido que afrontar antes semejante tarea y que no le están dando la consideración que merece.
3. CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE ALMERÍA: EL CASO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CARBONERAS
Desde 1992, Greenpeace viene llevando a cabo una campaña de oposición a la ampliación de la central térmica de ENDESA en Carboneras (Central Térmica Litoral de Almería). A lo largo de la campaña se han realizado numerosas acciones directas, elaborado informes, recogido firmas, convocado debates y actos públicos, publicado anuncios y carteles, comparecido en el Congreso de los Diputados, promovido debates en el Parlamento andaluz, presentado quejas ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo
Se trataba de demostrar que la ampliación de esta central es tecnológicamente anacrónica, dañina para el medio ambiente, innecesaria energéticamente, contraria a la ley e insostenible económicamente.
La ampliación de la central térmica de Carboneras, cuyo grupo 2º se ha inaugurado recientemente, supone el mayor foco puntual de emisión de CO2 que se pone en marcha esta década en toda España, y podrá emitir hasta 5,6 millones de toneladas extra de CO2 cada año. La central alcanza así una capacidad total de emisión de diez millones de toneladas/año de CO2.
La puesta en marcha de este segundo grupo no debería haberse llevado a cabo. En clara contradicción con el espíritu del Protocolo de Kioto, despreciando las consecuencias del cambio climático en el medio ambiente almeriense, ignorando la lógica del carbono y la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles, el Gobierno español ha preferido, con la complacencia de la Junta de Andalucía y la pasividad de las instituciones de Almería, atender por encima de todo los intereses económicos particulares de una poderosa empresa eléctrica: ENDESA (y su filial Sevillana).
Sin embargo, la política de hechos consumados no puede ocultar las razones contrarias a la ampliación de esta central térmica, que se resumen a continuación.
RAZONES MEDIOAMBIENTALES
La generación de energía (centrales térmicas) es la mayor fuente de emisión de CO2 en España: en 1992 representaban el 32% del total de estas emisiones.
Antes de su ampliación, la central térmica de Carboneras emitía anualmente más de 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, constituyendo la mayor fuente de CO2 de toda Andalucía, con el 11,5% de las emisiones de este gas. Una vez en marcha la ampliación de la central, ésta se ha convertido en una gran fábrica de cambio climático, pues su segunda fase constituye la mayor contribución al aumento de emisiones de CO2 en el sistema peninsular español, con más de 5,6 millones de toneladas de CO2 al año. En total, la térmica de Carboneras podría emitir cada año casi 10 millones de toneladas de CO2. Si se llevase a cabo la tercera fase de Carboneras (ENDESA ha llegado a hablar hasta de una cuarta, no mencionada en el Plan Energético Nacional), esta central se convertiría en la mayor fábrica de cambio climático de España.
No existe justificación para que Almería se vea obligada a aportar tamaña contribución al agravamiento del cambio climático, del que va a ser claramente perjudicada, y por lo tanto debe ser la primera en intentar combatirlo.
Además de las emisiones de CO2 de la central térmica de Carboneras, no hay que olvidar el resto de gases y partículas contaminantes que se derivan de la combustión del carbón. A pesar de que ENDESA ha intentado disfrazar esta central autodenominándola con calificativos como "carbón limpio" o "combustión limpia", por el simple hecho de quemar carbón de importación, lo cierto es que Carboneras ocupaba en 1992 el 8º lugar de las térmicas españolas en cuanto a emisiones de NO2, y el 11º en cuanto a emisiones de SO2, los principales precursores de las deposiciones y lluvias ácidas. La construcción del grupo II tan sólo contribuye a aumentar estas emisiones, en tanto que se añaden a las ya existentes, por muchas medidas que eventualmente se tomen para controlar ese aumento de emisiones.
Esto unido a la concreta ubicación de la central junto a áreas tan sensibles como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (cuyos límites llegan al borde mismo de la central, y cuya extensión rodea vergonzosamente este "punto negro") o la Sierra de Cabrera (cuyo sector serrano cuenta con el máximo rango de protección por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Almería), desaconsejan que este foco contaminante sea incrementado.
RAZONES ENERGÉTICAS
La ampliación de Carboneras fue decidida por el Gobierno español en el Plan Energético Nacional (PEN) 1991-2000. Sin embargo, las previsiones de demanda energética del PEN, que supuestamente justificaban la puesta en marcha de ésta y otras nuevas centrales térmicas, no se han cumplido.
Las desviaciones respecto a las previsiones de demanda eléctrica indican que ni ésta ni las demás nuevas térmicas eran tan necesarias como creían los redactores del PEN, algo que el propio Gobierno español ha confirmado en la práctica con el aplazamiento o cancelación de la construcción o ampliación de las térmicas de carbón proyectadas en el PEN, a excepción de la central (de tecnología experimental) de Puertollano, y la ampliación de Carboneras.
Las razones para la excepción de Carboneras no son, desde luego, energéticas, pues la realidad es que en España sobra energía o, más precisamente, existe un exceso de capacidad de generación, como reconocen las propias empresas eléctricas.
Además, existe en nuestro país un elevado grado de derroche energético, que podría evitarse en gran medida con actuaciones en el campo de la gestión de la demanda. El potencial de ahorro de energía eléctrica en España ha sido evaluado por Greenpeace en un 50% del consumo actual, teniendo en cuenta las tecnologías disponibles para reducir el consumo en todos los sectores, manteniendo o mejorando las prestaciones. Es decir, podemos mejorar nuestra calidad de vida, reduciendo significativamente el consumo de energía, a través de la eficiencia energética.
Para conseguirlo, Greenpeace ha elaborado diversas propuestas sobre Planificación Integrada de Recursos y gestión de la demanda, con el fin de obligar e incentivar a las empresas eléctricas a promover esos ahorros entre sus clientes. Algunas de esas propuestas fueron recogidas en la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional (LOSEN), que incorporó los programas de gestión de la demanda, y han sido refrendadas en la nueva Ley del Sector Eléctrico de 1997. Sin embargo, la escasa dotación de los programas de gestión de la demanda hacen que su efectividad hasta ahora sea muy limitada.
Un ejemplo de las medidas para potenciar el ahorro energético es la implantación de límites al consumo energético de los electrodomésticos y demás aparatos consumidores de energía. Un estudio de la Comisión Europea revelaba que la imposición de determinados límites al consumo energético de los frigoríficos permitiría ahorrar en España tanta energía como la que producirá la ampliación de la central térmica de Carboneras.
Las inversiones de las empresas eléctricas deben dirigirse a la gestión de la demanda y a la generación mediante fuentes de energía renovables, tanto distribuidas como centralizadas, en vez de a la construcción de nuevas térmicas, con el fin de conseguir ahorrar la energía que esas nuevas térmicas generarían innecesariamente.
Efectivamente, existen fuentes de energía limpia cuyo potencial está aún por desarrollar. El Plan Energético de Andalucía (PLEAN) prevé que las energías renovables producirán 3262 GWh/año, lo que equivale prácticamente a la energía que producirá el 2º grupo de Carboneras. Una vez más, vemos que estamos ante una disyuntiva energética: energías renovables o centrales térmicas. El mismo PLEAN prevé que la producción eléctrica renovable puede alcanzar hasta 6480 GWh/año, el doble de lo que generaría Carboneras-2.
Hay que destacar que la misma compañía ENDESA se halla involucrada en interesantes proyectos renovables, como los desarrollos eólicos en Tarifa, y el mismo parque eólico de Enix en la provincia de Almería, aunque mucho nos tememos que esto último haya venido impulsado primordialmente por una necesidad de enmascarar sus actividades contaminantes en la misma provincia (la ampliación de Carboneras).
También en energía solar Sevillana participa en importantes desarrollos en Andalucía, como la central fotovoltaica de Sierra de María o la construcción de una central térmica mixta gas-solar en Huelva.
Sin embargo, contrastan las dificultades que encuentran estos proyectos renovables para llevarse a la práctica por parte de las compañías eléctricas, con la determinación de ENDESA en ampliar la térmica de Carboneras a pesar del rechazo social de este caso.
RAZONES LEGALES
Cuando la Dirección General de la Energía autorizó en 1980 la construcción de la central térmica de Carboneras, fijó un plazo para la ejecución de las obras del 2º grupo que finalizó en 1986, sin que éstas hubiesen siquiera comenzado, y sin que ENDESA hubiese pedido una prórroga de ese plazo. En cualquier caso, la única prórroga legal posible habría finalizado en 1991. Por tanto, aquella resolución debe entenderse caducada.
En 1992 la misma Dirección General dictó una nueva Resolución, aprobando el proyecto de ejecución del 2º grupo. Esta nueva Resolución contiene suficientes diferencias de contenido con la Resolución de 1980, por lo que constituye una nueva autorización para el 2º grupo, y por ello debería suponer la reinicialización de los trámites conforme a la normativa vigente en 1992.
Esto afecta de manera especialmente relevante a la normativa sobre impacto ambiental, que en 1992 ya exigía para instalaciones como la ampliación de Carboneras (central térmica de 550 MW) la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a la autorización de las obras.
El EIA que se realizó en los años 1980-1982 está totalmente desfasado, y debería ser realizado de nuevo de acuerdo a la normativa vigente en 1992, ya que en el plazo transcurrido entre su realización y la autorización de 1992 se han protegido importantes espacios como:
- El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (declarado en 1987), que fue ampliado posteriormente para proteger, entre otras zonas, todo el entorno de Carboneras (aprobado en BOJA de 25 de octubre de 1994).
- La Sierra de Cabrera, cuyo sector serrano cuenta con el máximo grado de protección por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Almería, y para la que el Consorcio de Cabrera (formado por los ayuntamientos de Bédar, Sorbas, Los Gallardos, Turre y Mojácar) ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente la declaración de espacio natural protegido.
Ambos espacios son vecinos a Carboneras y obviamente afectados por las consecuencias ambientales de la ampliación de la térmica, sin que sus declaraciones de protección, ni los singulares valores naturales que las motivaron, fuesen tenidos en cuenta en el citado EIA.
Por esos motivos, el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) se dirigió al Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones de éste, pidiendo que se impugnase la Resolución de 1992, que se solicitase un nuevo EIA y que se paralizasen las obras de ampliación hasta adecuarse a las exigencias legales. Dicha petición fue positivamente acogida por el Parlamento Europeo, que tras examinarla decidió pedir a la Comisión Europea que adoptase una postura al respecto.
Paralelamente, Greenpeace y el GEM se dirigieron directamente a la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) formulando una queja con idénticos argumentos, a la que la CE respondió pidiendo información complementaria, que en consecuencia fue suministrada por las organizaciones ecologistas.
Desde entonces, se produjo un lento intercambio de comunicaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno español, hasta que la CE pretendió archivar el caso ante la falta de respuesta del Gobierno. Sin embargo, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión a continuar con los trámites hasta aclarar la legalidad o no de los hechos denunciados, algo que no ha impedido la continuación y finalización de las obras.
RAZONES ECONÓMICAS
Según ENDESA, las inversiones correspondientes al 2º grupo de Carboneras han sido de 51.000 millones de pesetas. Esto convierte a Carboneras-2 en una de las térmicas más caras de España.
Sin embargo resulta sorprendente que esa cantidad se haya elevado, sin una justificación por parte de la empresa, al doble de los 30.000 millones de inversión prevista que la misma ENDESA declaraba en 1993.
Una posible explicación podría ser que la compañía eléctrica esté intentando ahora presentar como inversiones correspondientes al 2º grupo las que ya realizó en su día cuando construyó la infraestructura básica para edificar la central térmica, que estaba prevista para dos grupos, pero que por razones de política energética nacional sólo obtuvo autorización para un grupo.
Esto revela que las verdaderas razones de la ampliación de Carboneras no son energéticas, sino económicas: el interés de ENDESA en rentabilizar unas carísimas inversiones ya realizadas cuando construyó la central.
El interés económico de ENDESA en construir y explotar centrales térmicas como la base de su negocio es evidente, no sólo en el caso de Carboneras sino en el conjunto de sus inversiones, como se demuestra con las previstas según el Plan de Medio Ambiente de la compañía: 173.000 millones para centrales térmicas (cantidad que no incluye Carboneras, es decir que esta central no es considerada por ENDESA como una inversión "medioambiental"), lo que equivale a 20 veces las inversiones previstas en energías renovables (en todas ellas) y casi 3500 veces las asignadas a ahorro en el consumo de energía (gestión de la demanda).
En la perspectiva del Protocolo de Kioto y de la lógica del carbono, y una vez que el sector eléctrico ha quedado liberalizado, es dudoso que una central térmica de carbón que comienza ahora su operación tenga asegurado el poder agotar su vida útil. Lo malo es que en este caso el interés económico de la compañía operadora (explotar al máximo la central) es contrario al interés del medio ambiente (que deje de funcionar lo antes posible).
RAZONES SOCIALES
A lo anterior hay que añadir el efecto que unas determinadas inversiones en el sector energético tienen sobre el mercado laboral. Así, según datos del Worldwatch Institute, por cada puesto de trabajo que se genera para producir una unidad de electricidad a partir del carbón, incluyendo la correspondiente minería y procesos de transformación, se crearían 2,14 empleos para producir la misma electricidad a partir de la energía solar térmica. Con la energía eólica la proporción sería de 4,67 empleos por cada uno del carbón.
Aunque se trata de cifras muy globales, y por tanto de difícil extrapolación, dado el permanente recurso a los puestos de trabajo que se argumenta desde ENDESA como una posible justificación de la ampliación de Carboneras, es conveniente considerar lo que supondría en términos de empleo el producir esa misma energía a partir de fuentes renovables.
Según ENDESA, la central térmica de Carboneras daba empleo directo a 420 personas. La ampliación (a la que se opone Greenpeace) aumentaría esta cifra en 40-60 personas, según la misma compañía. Según los datos del Worldwatch Institute (116 empleos por cada mil millones de kilovatios-hora generados a partir del carbón), el funcionamiento de Carboneras en 1993 había dado empleo a unas 500 personas (es decir los 420 que trabajaban en la central, más otros 80 empleos correspondientes en la extracción, transporte, etc. del carbón).
Si en vez de ampliar la central térmica de carbón, ENDESA se propusiese producir esa misma energía a partir de la energía solar térmica, se crearían, extrapolando los datos del Worldwatch Institute, más de mil empleos-año, es decir más del doble de los que trabajaban en la térmica antes de la ampliación (que mantendrían su puesto de trabajo) y 18-27 veces más empleos que los que, según ENDESA, se crean con la ampliación. Si se optase por la energía eólica, los nuevos empleos superarían los 2300, más de cinco veces la actual plantilla de Carboneras y, lo que es más importante, 39-58 empleos por cada uno de los que supuestamente crea Carboneras-2.
Por otro lado, al incorporar las consideraciones sociales no podemos olvidar el amplio respaldo social de la propuesta de Greenpeace y el GEM, como testifican las quince mil firmas recogidas por estas dos organizaciones en contra de la ampliación de la central térmica de Carboneras.
4. PROPUESTAS DE Greenpeace
A nivel general, deberían tomarse medidas inmediatamente para comenzar a eliminar progresivamente el uso de todos los combustibles fósiles, y sustituirlos por alternativas energéticas limpias y sanas.
Para promover una política energética que no incida negativamente en el cambio climático, el Gobierno debería fijar objetivos concretos de sustitución progresiva de energías sucias por energías renovables y eficiencia energética.
Podría comenzar con un programa para financiar la instalación de al menos 100 MW (el equivalente a 50.000 viviendas) de energía solar fotovoltaica en los próximos 5 años. Para ello deberían arbitrarse las siguientes líneas básicas de financiación:
Subvención directa a la instalación.
Prima sobre el precio de venta de la electricidad solar (del usuario autoproductor a la compañía eléctrica) que sitúe el precio en el entorno de 50 ptas/kWh.
Programas de gestión de la demanda, a realizar entre otros por las compañías eléctricas.
En el contexto de la Provincia de Almería, el objetivo debería ser ajustar la producción de energía a la demanda (en términos de promedio anual), de forma que, por un lado, se utilicen los programas de gestión de la demanda para mejorar la eficiencia en el consumo, y por otro lado se promueva la instalación de fuentes de generación renovable (solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, biomasa ) con una capacidad de generación equivalente a la demanda.
Esto haría redundante la existencia de la térmica de Carboneras, y permitiría a Almería poder exigir al mundo una actuación urgente para frenar el cambio climático, algo de lo que los almerienses y su medio ambiente serían los primeros beneficiados.